“Escuchar a un menor también es impartir justicia.”
Durante muchos años, las decisiones relacionadas con niñas, niños y adolescentes fueron tomadas exclusivamente por personas adultas. Padres, madres, autoridades, jueces, docentes y funcionarios determinaban lo que consideraban mejor para ellos sin necesariamente conocer su opinión. Sin embargo, la evolución de los derechos humanos transformó profundamente esta visión.
Actualmente, el sistema jurídico mexicano reconoce que las niñas, niños y adolescentes no son simples destinatarios de protección, sino verdaderos titulares de derechos. Entre esos derechos destaca uno que ha adquirido especial relevancia en los asuntos familiares, escolares, administrativos y judiciales: el derecho a ser escuchados.
Este derecho no significa que una persona menor de edad pueda decidir por sí sola cualquier asunto que le afecte. Tampoco implica trasladarle responsabilidades propias de los adultos. Lo que establece es que su opinión debe ser tomada en consideración cuando se adopten decisiones que impacten su vida, su bienestar y su desarrollo.
La posibilidad de expresar libremente sus opiniones y que estas sean valoradas conforme a su edad y grado de madurez constituye uno de los pilares fundamentales del moderno sistema de protección de los derechos de la infancia.
¿Qué significa el derecho de los menores a ser escuchados?
El derecho a ser escuchados consiste en que niñas, niños y adolescentes puedan expresar sus opiniones, sentimientos, preocupaciones y puntos de vista en todos aquellos asuntos que les afectan.
No se trata únicamente de permitirles hablar. El verdadero alcance del derecho implica que su opinión sea considerada seriamente durante los procesos de toma de decisiones.
Por ejemplo, cuando existe un conflicto de guarda y custodia entre los padres, la opinión del menor puede aportar información relevante sobre su entorno cotidiano, sus vínculos afectivos y las condiciones en las que se siente seguro.
De igual manera, en procedimientos relacionados con convivencia familiar, adopciones, cambios de residencia, medidas de protección o situaciones de violencia familiar, la voz del menor puede convertirse en un elemento fundamental para determinar qué decisión protege mejor sus derechos.
La legislación mexicana reconoce expresamente que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar, ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos que les interesan y en los procedimientos que les afectan.
El fundamento constitucional de este derecho
En México, la protección de la infancia encuentra sustento en el artículo 4° constitucional, el cual establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado deberá velarse y cumplirse con el principio del interés superior de la niñez.
Este principio obliga a que cualquier autoridad coloque en el centro de sus decisiones la protección integral de niñas, niños y adolescentes.
A partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, los derechos reconocidos en los tratados internacionales adquirieron una relevancia fundamental dentro del sistema jurídico mexicano. Esto fortaleció la protección de la infancia y permitió incorporar estándares internacionales relacionados con la participación infantil.
Asimismo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce expresamente el derecho de participación y establece mecanismos para garantizar que las personas menores de edad sean escuchadas y tomadas en cuenta conforme a su desarrollo evolutivo y madurez.
La importancia del interés superior de la niñez
Resulta imposible comprender el derecho a ser escuchados sin analizar el principio del interés superior de la niñez.
Este principio funciona como una guía para todas las autoridades, instituciones y particulares cuando deben tomar decisiones relacionadas con menores de edad.
Su objetivo es garantizar que cada decisión contribuya al desarrollo integral de la persona menor de edad y proteja de la mejor manera posible sus derechos humanos.
En ocasiones, algunas personas creen erróneamente que escuchar a un menor significa permitirle decidir todo. La realidad jurídica es distinta.
La opinión del menor constituye un elemento relevante dentro del análisis, pero la decisión final debe orientarse siempre por aquello que resulte más favorable para su bienestar integral.
Por ejemplo, un adolescente podría manifestar que desea vivir con determinado familiar porque tiene menos reglas o supervisión. Sin embargo, si las condiciones de ese entorno representan riesgos para su seguridad o desarrollo, la autoridad deberá valorar todos los elementos disponibles antes de resolver.
Escuchar no equivale a delegar la decisión. Escuchar significa considerar seriamente la opinión expresada.
Desarrollo histórico del derecho a ser escuchados
La forma en que las sociedades han entendido a la infancia ha cambiado significativamente con el paso del tiempo.
Durante siglos predominó una visión en la que niñas y niños eran considerados prácticamente una extensión de la autoridad familiar. Su participación en asuntos que les afectaban era mínima o inexistente.
Con el avance de los derechos humanos comenzó a consolidarse la idea de que las personas menores de edad poseen dignidad propia y derechos que deben ser respetados de manera independiente.
Un momento fundamental en esta evolución fue la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional que reconoció el derecho de niñas y niños a expresar libremente su opinión en los asuntos que les afectan y a que dicha opinión sea tomada en cuenta conforme a su edad y madurez.
A partir de entonces, numerosos países incorporaron mecanismos para garantizar la participación efectiva de la infancia en procedimientos judiciales, administrativos y familiares.
México ha seguido esta tendencia mediante reformas constitucionales, legales e institucionales orientadas a fortalecer el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos.
Contexto internacional
La protección de la infancia constituye actualmente una prioridad dentro del sistema internacional de derechos humanos.
Diversos organismos internacionales han sostenido que la participación infantil es indispensable para garantizar decisiones más justas y adecuadas.
La tendencia global ha evolucionado desde modelos paternalistas hacia modelos que reconocen la capacidad progresiva de niñas, niños y adolescentes para intervenir en los asuntos que les afectan.
Esta evolución no implica eliminar la responsabilidad de las personas adultas, sino construir mecanismos que permitan escuchar a la infancia de forma segura, respetuosa y adaptada a sus necesidades.
Contexto latinoamericano
En América Latina también se ha fortalecido progresivamente la protección de los derechos de participación infantil.
Las reformas legislativas impulsadas en diversos países han incorporado procedimientos especializados para escuchar a niñas, niños y adolescentes dentro de procesos familiares y de protección.
La región ha avanzado hacia modelos que reconocen la necesidad de generar espacios adecuados para que la infancia exprese sus opiniones sin presiones, intimidaciones o manipulaciones.
La escucha especializada: mucho más que hacer preguntas
Uno de los aspectos más importantes de este derecho es que no basta con sentar a un menor frente a una autoridad y pedirle que hable.
La escucha debe realizarse mediante procedimientos adecuados a su edad y circunstancias particulares.
Por ello, los tribunales familiares y otras instituciones suelen apoyarse en profesionales especializados en psicología, trabajo social y atención a la infancia.
Estos especialistas ayudan a generar ambientes seguros que permitan al menor expresarse libremente.
La finalidad no es obtener declaraciones forzadas ni influir en sus respuestas, sino comprender auténticamente cómo percibe la situación que le afecta.
La escucha especializada busca evitar fenómenos como:
- Revictimización.
- Manipulación por parte de adultos.
- Presiones familiares.
- Conflictos de lealtad.
- Estrés emocional innecesario.
Cuando este proceso se realiza correctamente, la autoridad obtiene información valiosa para adoptar decisiones más acordes con la realidad del menor.
¿En qué asuntos familiares suele escucharse a los menores?
Existen múltiples procedimientos donde la opinión de niñas, niños y adolescentes puede tener relevancia.
Entre ellos destacan los conflictos relacionados con:
- Guarda y custodia.
- Régimen de convivencias.
- Patria potestad.
- Adopciones.
- Cambios de residencia.
- Violencia familiar.
- Medidas de protección.
- Restitución internacional de menores.
- Tutelas y cuidados especiales.
La importancia de la opinión puede variar según la edad, madurez y circunstancias particulares de cada caso.
No existe una fórmula automática ni una edad única que determine cuándo debe escucharse a un menor. Cada situación requiere un análisis individualizado.
Un ejemplo hipotético
Supóngase que dos padres se encuentran en un proceso judicial para determinar la guarda y custodia de una adolescente de catorce años.
Durante el procedimiento, la autoridad decide escucharla mediante personal especializado.
La adolescente explica que mantiene una relación cercana con ambos padres, pero que desea permanecer en el domicilio donde actualmente estudia, convive con sus amistades y desarrolla actividades deportivas.
La información proporcionada no determina automáticamente el resultado del juicio, pero sí aporta elementos importantes para comprender cómo ciertas decisiones podrían impactar su estabilidad emocional y social.
La autoridad deberá valorar esta opinión junto con las demás pruebas disponibles para resolver conforme al interés superior de la adolescente.
Obligaciones de las autoridades
Las autoridades tienen deberes específicos para garantizar este derecho.
Entre ellos destacan:
Garantizar espacios seguros de participación.
Proporcionar información comprensible para la edad del menor.
Evitar cualquier forma de intimidación o presión.
Tomar en consideración las opiniones expresadas.
Explicar, cuando sea posible, cómo fue valorada la participación del menor dentro del procedimiento.
Implementar mecanismos especializados para escuchar a niñas, niños y adolescentes en asuntos que les afectan.
Estas obligaciones reflejan que la participación infantil no es una concesión discrecional de las autoridades, sino un verdadero derecho humano.
El principio pro persona y la infancia
El principio pro persona constituye uno de los pilares del sistema mexicano de derechos humanos.
Este principio establece que, cuando existan distintas interpretaciones posibles, debe preferirse aquella que otorgue la protección más amplia a la persona.
En materia de infancia, este criterio adquiere una relevancia especial.
Cuando surgen dudas sobre el alcance de un derecho o la manera de aplicarlo, las autoridades deben optar por la interpretación que favorezca de mejor manera la protección integral de niñas, niños y adolescentes.
Por ello, el derecho a ser escuchados debe entenderse de forma amplia y efectiva, evitando obstáculos innecesarios que limiten la participación de la infancia.
Errores frecuentes de los adultos
Uno de los mayores desafíos en esta materia consiste en superar ciertas ideas equivocadas.
Un error frecuente es asumir que los menores carecen de capacidad para expresar opiniones relevantes.
Otro error consiste en intentar utilizar la opinión de un hijo o hija como herramienta dentro de conflictos entre adultos.
También es común que algunos padres interpreten la participación del menor como una obligación de elegir entre uno u otro progenitor.
La realidad es que la finalidad del derecho a ser escuchados no consiste en obligar a los menores a tomar partido, sino en conocer cómo viven y perciben las situaciones que afectan sus derechos.
Estado actual en México
Actualmente, México cuenta con un marco jurídico sólido para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La Constitución, los tratados internacionales y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconocen expresamente la participación infantil como un derecho fundamental.
Además, la legislación mexicana reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos y establece la obligación de las autoridades de garantizar mecanismos efectivos de participación.
Sin embargo, los retos actuales ya no se centran únicamente en el reconocimiento legal, sino en lograr que estos derechos se ejerzan plenamente en la práctica cotidiana.
Herramientas legales cuando el derecho es vulnerado
Cuando una autoridad omite escuchar a una persona menor de edad en un procedimiento donde su participación resulta relevante, pueden existir diversas vías jurídicas para cuestionar dicha actuación.
Dependiendo del caso concreto, pueden utilizarse recursos procesales ordinarios, mecanismos de protección administrativa o incluso el juicio de amparo cuando se considere que existe una afectación a derechos fundamentales.
La estrategia jurídica adecuada dependerá siempre de las circunstancias específicas del asunto, la etapa procesal y la naturaleza de la vulneración.
Por ello resulta fundamental analizar cada caso de manera individual.
Retos actuales
Aunque el marco normativo ha avanzado significativamente, todavía existen desafíos importantes.
Persisten prácticas donde la opinión infantil se minimiza o se considera un simple trámite.
También existen casos en los que los procedimientos no cuentan con espacios suficientemente adecuados para garantizar una participación libre y segura.
Otro desafío consiste en evitar que la participación infantil sea manipulada por conflictos familiares complejos.
La escucha auténtica requiere profesionalización, sensibilidad y una verdadera cultura de respeto a los derechos de la infancia.
Una perspectiva preventiva para las familias
Desde una visión estratégica, las familias pueden contribuir significativamente a fortalecer este derecho.
Escuchar a niñas, niños y adolescentes dentro del hogar favorece el desarrollo de habilidades de comunicación, confianza y resolución pacífica de conflictos.
Cuando los menores crecen en entornos donde sus opiniones son respetadas, resulta más sencillo que participen de manera adecuada en ámbitos escolares, comunitarios y jurídicos.
La escucha activa no implica renunciar a la autoridad parental. Significa ejercerla con respeto, responsabilidad y sensibilidad hacia las necesidades de la infancia.
El derecho de los menores a ser escuchados representa uno de los avances más importantes en la evolución de los derechos humanos de la infancia. Reconoce que niñas, niños y adolescentes poseen una voz propia que merece ser considerada en los asuntos que impactan su vida. Escucharlos no significa transferirles responsabilidades de los adultos ni permitir que decidan todo por sí mismos. Significa reconocer su dignidad, valorar sus experiencias y construir decisiones más justas bajo el principio del interés superior de la niñez.
Cuando una autoridad, una institución o una familia escucha verdaderamente a un menor, no solo cumple una obligación legal. También fortalece la protección de sus derechos, promueve su desarrollo integral y contribuye a una sociedad más respetuosa de la dignidad humana.
En asuntos de guarda y custodia, convivencias, violencia familiar, patria potestad, adopciones o cualquier procedimiento que involucre derechos de niñas, niños y adolescentes, contar con una estrategia jurídica adecuada puede marcar una diferencia importante. En Ocampo Sáenz Abogados se brinda acompañamiento profesional, análisis jurídico especializado y representación estratégica para proteger los derechos de las familias y, especialmente, de quienes merecen una tutela reforzada por parte del sistema jurídico: las niñas, niños y adolescentes.
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