Hablar del poder público solo como una fuerza de mando es una visión incompleta y peligrosa. A lo largo de la historia, las sociedades que han permitido que el poder se ejerza sin límites claros han terminado pagando un precio alto en libertades, derechos y dignidad humana. De ahí surge una de las ideas más profundas y trascendentes del constitucionalismo moderno: el poder público solo es legítimo cuando respeta la Constitución. Esta afirmación no es una consigna política ni una frase retórica; es la base misma del Estado constitucional y del Estado de derecho.
La Constitución no nace para adornar el discurso jurídico ni para ser citada únicamente en ceremonias oficiales. Surge como una respuesta histórica frente al abuso del poder. Cada artículo constitucional representa una frontera que el poder no puede cruzar sin perder legitimidad. Cuando una autoridad actúa fuera de esos límites, deja de ejercer poder legítimo y comienza a ejercer arbitrariedad.
En el contexto mexicano, esta idea adquiere una relevancia particular. México vivió durante largos periodos bajo esquemas donde el poder se concentraba, se ejercía sin controles efectivos y se justificaba en nombre del orden, la estabilidad o el progreso. La experiencia histórica demostró que un poder sin límites termina erosionando la confianza social y debilitando a las instituciones.
La Constitución mexicana, especialmente a partir de 1917, se concibe como un instrumento para someter al poder público al derecho. No se trata solo de organizar al Estado, sino de limitarlo. La supremacía constitucional implica que ninguna autoridad, sin importar su jerarquía, puede colocarse por encima del texto constitucional. Presidentes, legisladores, jueces, gobernadores y funcionarios están igualmente obligados a respetarla.
Este principio transforma radicalmente la relación entre el Estado y la ciudadanía. El poder deja de ser una concesión divina, militar o política, y se convierte en una función jurídica condicionada. La legitimidad del poder ya no depende únicamente del origen democrático del cargo, sino del ejercicio cotidiano conforme a la Constitución.
Desde una perspectiva teórica, la Constitución cumple una doble función. Por un lado, habilita el poder, estableciendo quién puede ejercerlo y de qué manera. Por otro, lo restringe, fijando límites claros y mecanismos de control. Esta tensión entre habilitación y restricción es la esencia del constitucionalismo.
Cuando se afirma que el poder público solo es legítimo cuando respeta la Constitución, se está diciendo que la legalidad es condición de legitimidad. Un acto de autoridad puede ser formalmente emitido, pero si viola derechos fundamentales, invade competencias o desconoce principios constitucionales, pierde su carácter legítimo, incluso si fue dictado por una autoridad electa.
Esta idea es especialmente relevante en sociedades democráticas. La democracia no se agota en las urnas. Elegir representantes no autoriza a esos representantes a actuar sin límites. La Constitución es el pacto que protege a las minorías, a los disidentes y a las personas frente a las mayorías circunstanciales.
En México, el principio de legalidad constitucional exige que toda autoridad actúe con fundamento y motivación. Esto significa que cada acto debe estar expresamente autorizado por la ley y debe explicar de manera razonada por qué se toma una determinada decisión. Este requisito no es un formalismo; es una garantía contra el abuso.
El control constitucional surge precisamente para hacer efectiva esta idea. No basta con que la Constitución establezca límites; es necesario que existan mecanismos para hacerlos valer. El juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad son herramientas diseñadas para frenar excesos del poder público y restablecer el orden constitucional.
El control constitucional no es una concesión graciosa del Estado; es una obligación derivada del propio texto constitucional. Cuando los tribunales ejercen este control, no debilitan al poder público, sino que lo fortalecen, al devolverle legitimidad y coherencia con el orden jurídico.
Un poder que acepta ser controlado es un poder que se reconoce limitado. Un poder que rechaza el control constitucional revela una vocación autoritaria, aunque se vista de legalidad o discurso democrático. Por ello, la independencia judicial se convierte en un elemento clave para la legitimidad del poder público.
En el ámbito internacional, la relación entre Constitución y poder público ha sido uno de los grandes aprendizajes del siglo XX. Las experiencias de regímenes autoritarios demostraron que el poder sin límites legales conduce a violaciones sistemáticas de derechos humanos. De ahí que los sistemas constitucionales modernos incorporen controles internos y externos.
En América Latina, la historia del poder público ha estado marcada por ciclos de concentración, ruptura institucional y reconstrucción constitucional. México no ha sido la excepción. Sin embargo, en las últimas décadas se ha consolidado una visión más robusta del control constitucional, vinculada directamente con los derechos humanos.
La reforma constitucional en materia de derechos humanos reforzó esta idea al establecer que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a la Constitución. Esto implica que el ejercicio del poder ya no se evalúa solo por su legalidad formal, sino por su compatibilidad con los derechos fundamentales.
La responsabilidad de las autoridades es otra consecuencia directa de este principio. Un poder legítimo no solo se somete a la Constitución, sino que asume las consecuencias cuando la viola. La responsabilidad administrativa, civil, política y penal de los servidores públicos no es un castigo, sino un mecanismo de corrección institucional.
Cuando una autoridad actúa fuera del marco constitucional y no enfrenta consecuencias, el mensaje social es devastador: la Constitución se vuelve simbólica y el poder se percibe como arbitrario. En cambio, cuando existen sanciones efectivas, se refuerza la confianza ciudadana en el Estado de derecho.
El respeto a la Constitución también implica autocontención del poder. No todo lo que es posible políticamente es constitucionalmente válido. Esta idea es incómoda para quienes conciben el poder como una herramienta sin frenos, pero es esencial para la convivencia democrática.
Desde la perspectiva ciudadana, comprender que el poder público solo es legítimo cuando respeta la Constitución es un acto de empoderamiento cívico. Significa entender que la obediencia no es ciega, que la autoridad debe rendir cuentas y que los derechos no dependen de la voluntad del gobernante en turno.
La educación constitucional juega aquí un papel fundamental. Una ciudadanía que desconoce la Constitución difícilmente puede exigir su cumplimiento. Por el contrario, una ciudadanía informada se convierte en el primer control del poder público.
En el México contemporáneo, los debates sobre el alcance del poder, las reformas constitucionales y el respeto a la división de poderes reflejan la vigencia de esta discusión. La Constitución no es un obstáculo para gobernar; es la condición para gobernar legítimamente.
Reducir la Constitución a un documento político es desconocer su función jurídica esencial. Es el parámetro último de validez del poder. Sin Constitución efectiva, el poder se transforma en imposición; con Constitución respetada, el poder se convierte en autoridad legítima.
La división de poderes es otra manifestación concreta de este principio. Concentrar el poder en un solo órgano o persona es incompatible con el constitucionalismo. La fragmentación del poder no busca debilitar al Estado, sino evitar abusos y garantizar equilibrios.
Cuando el poder legislativo, ejecutivo y judicial se respetan mutuamente dentro de sus competencias, la Constitución se vuelve una realidad viva. Cuando uno invade al otro, el orden constitucional se erosiona y la legitimidad se pone en duda.
En última instancia, la legitimidad del poder público no se mide por la fuerza, la popularidad o el discurso, sino por su fidelidad a la Constitución. Esta fidelidad se demuestra en decisiones cotidianas, en políticas públicas, en sentencias judiciales y en actos administrativos.
Defender la Constitución no es un acto de confrontación, sino de preservación institucional. Es proteger el pacto que permite la convivencia pacífica y la resolución jurídica de los conflictos.
Por ello, afirmar que el poder público solo es legítimo cuando respeta la Constitución no es una advertencia ideológica, sino una regla jurídica fundamental. Ignorarla es abrir la puerta al abuso; asumirla es fortalecer el Estado de derecho.
En Ocampo Sáenz Abogados entendemos que la defensa de la Constitución es la defensa de las personas frente al poder. Acompañamos a ciudadanos y empresas en la protección de sus derechos frente a actos de autoridad, con una visión jurídica sólida, ética y comprometida con el orden constitucional. Confiar en nuestra firma es confiar en un ejercicio del derecho que entiende que la legitimidad del poder comienza y termina en la Constitución.
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