El 2 de octubre ocupa un lugar central en la memoria pública mexicana por la represión del movimiento estudiantil de 1968 en Tlatelolco. Más allá de la conmemoración histórica, la fecha permite revisar una pregunta jurídica que sigue siendo relevante: ¿qué derechos protegen una protesta pública y hasta dónde puede llegar la intervención de la autoridad?
La Constitución mexicana reconoce libertades que se relacionan directamente con las manifestaciones públicas. El artículo 6o. protege la manifestación de las ideas; el artículo 7o. reconoce la libertad de difundir opiniones, información e ideas por cualquier medio; y el artículo 9o. protege el derecho de asociación y reunión pacífica con objeto lícito. Estos derechos no eliminan toda posibilidad de regulación, pero colocan límites claros a la actuación estatal.
La protesta no es un derecho aislado. Puede involucrar simultáneamente libertad de expresión, reunión, participación cívica, petición, circulación y acceso a información. También puede entrar en tensión con derechos de terceros, movilidad, seguridad o protección de bienes. La función jurídica consiste en gestionar esas tensiones sin convertir el orden público en una autorización abierta para restringir derechos.
Manifestarse pacíficamente está protegido por la Constitución
El artículo 9o. constitucional dispone que no puede coartarse el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con un objeto lícito. Además, establece que una asamblea o reunión cuyo propósito sea formular una petición o presentar una protesta ante una autoridad no debe considerarse ilegal ni ser disuelta por ese solo motivo, siempre que se mantenga dentro de las condiciones constitucionales.
Esto significa que la protesta pacífica no requiere ser tratada como una amenaza por el simple hecho de ser crítica, incómoda o multitudinaria. El contenido de una consigna, una demanda o una opinión no autoriza por sí mismo el uso de la fuerza.
La libertad de expresión también protege ideas que cuestionan decisiones públicas. Sin embargo, los derechos no son absolutos. La Constitución contempla límites relacionados, entre otros aspectos, con derechos de terceros, comisión de delitos y orden público. La aplicación de esos límites debe ser excepcional, estar jurídicamente justificada y respetar criterios de necesidad y proporcionalidad.
En materia de reuniones y manifestaciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la interpretación de las normas debe favorecer el ejercicio del derecho de reunión cuando exista duda sobre su legalidad. En otras palabras, la mera sospecha de que una manifestación pudiera generar problemas no basta para justificar una restricción anticipada o indiscriminada.
La autoridad también tiene obligaciones durante una protesta
La función de las instituciones de seguridad no consiste únicamente en controlar. La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza establece que, frente a manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto lícito, por ningún motivo pueden utilizarse armas contra quienes participan.
La propia ley dispone que, en esos casos, la actuación policial debe proteger tanto a las personas manifestantes como los derechos de terceros, además de preservar la paz y el orden públicos. También exige que la intervención en estas situaciones quede a cargo de personas con experiencia y capacitación específicas y se ajuste a protocolos de actuación.
Esto cambia la lógica de análisis. Una protesta pacífica no es un escenario en el que la fuerza se presume necesaria y después se justifica. El punto de partida jurídico es el respeto y protección del ejercicio de derechos.
Uso de la fuerza: legalidad, necesidad y proporcionalidad
Cuando una autoridad utiliza fuerza física, medios menos letales o fuerza letal, su actuación está sometida a reglas.
La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza establece principios de absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad, rendición de cuentas y vigilancia, racionalidad y oportunidad. También ordena que el uso de la fuerza se realice con pleno respeto a los derechos humanos.
La absoluta necesidad implica que la fuerza debe funcionar como última alternativa cuando otros medios resultan insuficientes. La prevención exige planear los operativos para reducir al mínimo la necesidad de emplearla. La proporcionalidad obliga a relacionar el nivel de fuerza con el riesgo y la resistencia realmente presentados. La rendición de cuentas exige que existan mecanismos para evaluar la actuación de los agentes.
Estos principios son especialmente importantes en manifestaciones, donde pueden coexistir miles de personas con conductas distintas. Jurídicamente no es correcto tratar a toda una concentración como violenta porque algunas personas realicen actos agresivos.
Ejemplo hipotético: en una marcha de varias miles de personas, un grupo reducido comienza a destruir objetos mientras la mayoría permanece pacífica. La presencia de ese grupo puede justificar una intervención dirigida a controlar conductas concretas, pero no convierte automáticamente a todas las personas participantes en agresoras. La respuesta estatal debe diferenciar conductas y reducir daños.
¿Qué ocurre cuando una manifestación se torna violenta?
La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza establece que cuando una manifestación o reunión pública se torna violenta, la policía debe actuar conforme a los distintos niveles de fuerza previstos por la ley.
Esto no significa que cualquier alteración habilite inmediatamente el nivel máximo de fuerza. El sistema legal exige una respuesta diferenciada y progresiva. La fuerza letal se concibe como último recurso y su uso exige una amenaza real, actual o inminente que ponga en peligro la vida o integridad física en los términos establecidos por la ley.
La planeación de operativos debe contemplar acciones de prevención, negociación, disuasión y persuasión. La ley prevé que en manifestaciones que se tornen violentas existan agentes capacitados para negociar y establecer diálogo con quienes participan.
La Suprema Corte revisó la constitucionalidad de disposiciones de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza en la acción de inconstitucionalidad 64/2019. Entre otros puntos, reconoció la validez de los artículos que regulan la actuación policial en manifestaciones y reuniones públicas, interpretándolos dentro del sistema de principios y derechos constitucionales que limitan el uso de la fuerza.
Grabar, documentar y rendir cuentas
La actuación policial en una manifestación no debe quedar fuera de mecanismos de supervisión. La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza exige reportes cuando se utiliza fuerza y contempla la documentación de operativos.
La existencia de registros puede ser relevante para reconstruir hechos, identificar responsables, verificar si se siguieron protocolos y determinar si una intervención fue necesaria y proporcional.
También resulta importante conservar evidencia desde el punto de vista de quienes participan o resultan afectados: fotografías, videos, testimonios, constancias médicas, ubicación, hora y datos de autoridades intervinientes pueden adquirir relevancia cuando existe una posible violación de derechos.
Documentar no equivale automáticamente a acreditar una conducta ilícita. La evidencia debe analizarse dentro de un procedimiento y en relación con el contexto completo. Sin embargo, preservar información puede ser decisivo para permitir una revisión posterior.
Detenciones durante manifestaciones
Participar en una protesta no constituye por sí mismo motivo válido para detener a una persona. Una detención requiere fundamento legal y debe respetar los derechos constitucionales y procesales aplicables.
Si durante una manifestación se atribuye a una persona la comisión de un delito o una conducta que legalmente permita su detención, la autoridad debe actuar conforme al marco correspondiente. La condición de manifestante no elimina obligaciones de legalidad, registro, puesta a disposición y respeto al debido proceso.
También debe evitarse que las detenciones se utilicen como mecanismo general para dispersar o inhibir una protesta pacífica. Cualquier privación de libertad debe poder justificarse de manera individualizada.
Protesta, terceros y espacio público
El derecho a protestar puede afectar temporalmente tránsito, actividades comerciales o movilidad. Ese impacto no convierte automáticamente una manifestación en ilícita.
Las autoridades tienen la obligación de conciliar derechos. Esto puede implicar gestionar rutas, proteger accesos esenciales, informar alternativas de circulación, resguardar a terceros y mantener canales de diálogo con quienes organizan o participan en la concentración.
Las restricciones deben tener base legal y perseguir una finalidad legítima. Además, deben ser adecuadas y proporcionales. Una medida que elimina por completo la posibilidad de manifestarse requiere una justificación mucho más estricta que una regulación temporal y concreta orientada a resolver una afectación específica.
La memoria del 2 de octubre y el derecho contemporáneo
El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México identifica la represión del movimiento estudiantil de 1968 y los hechos de Tlatelolco como un parteaguas de la vida política nacional. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también ha abordado el 2 de octubre dentro de la memoria de graves violaciones a derechos humanos.
La importancia jurídica de recordar estos hechos no consiste en trasladar mecánicamente el contexto de 1968 a cualquier manifestación actual. Consiste en reconocer por qué los límites constitucionales al poder estatal, el control del uso de la fuerza y la rendición de cuentas son elementos esenciales de un Estado de derecho.
La historia muestra que tratar la protesta como una amenaza en sí misma puede conducir a restricciones graves de derechos. El marco jurídico contemporáneo busca establecer obligaciones de planeación, diferenciación, negociación, proporcionalidad y control precisamente para reducir ese riesgo.
¿Qué hacer ante una posible vulneración de derechos en una protesta?
La respuesta depende de los hechos.
Si hubo detención, debe verificarse su fundamento y la autoridad responsable. Si existieron lesiones, conviene obtener atención médica y preservar constancias. Si hubo daños a bienes, grabaciones o testigos pueden ser relevantes. Si se alega uso excesivo de la fuerza, debe analizarse el nivel de resistencia, el riesgo existente, los medios empleados y si había alternativas menos lesivas.
Las vías pueden incluir mecanismos administrativos, investigaciones penales, procedimientos ante organismos de derechos humanos y, en determinados supuestos, medios de control constitucional. La vía adecuada dependerá de la autoridad involucrada y de la naturaleza de la afectación.
Ocampo Sáenz Abogados considera que el análisis jurídico de una protesta debe separar con cuidado tres cuestiones: el ejercicio legítimo de derechos, las conductas individuales que eventualmente puedan constituir infracciones o delitos y la legalidad de la respuesta estatal. Mezclarlas conduce a conclusiones imprecisas.
El derecho a manifestarse no elimina responsabilidades individuales cuando se cometen actos ilícitos. Del mismo modo, la existencia de actos ilícitos no elimina los límites que la Constitución y la ley imponen a las autoridades.
El 2 de octubre recuerda que la protección de la libertad de expresión y reunión no depende únicamente de reconocer esos derechos en el texto constitucional. También exige que, frente al conflicto, la actuación estatal permanezca sujeta a legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas.
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