México es un Estado soberano: nadie puede intervenir en su territorio. Esta afirmación, que suele escucharse en actos oficiales, discursos cívicos o clases de historia, no es únicamente una expresión simbólica de orgullo nacional. Es, ante todo, una declaración jurídica con profundas implicaciones en el derecho internacional y en el funcionamiento del Estado mexicano dentro de la comunidad de naciones. Detrás de esa frase se encuentra uno de los pilares más relevantes del orden jurídico internacional contemporáneo: el principio de no intervención, estrechamente vinculado con la autodeterminación de los pueblos y con la soberanía estatal.
Comprender este principio no exige ser especialista en derecho internacional. Basta con partir de una idea sencilla: cada país tiene el derecho de decidir libremente su forma de gobierno, su organización política, su sistema económico y sus políticas públicas sin que otro Estado imponga su voluntad. Esa libertad, sin embargo, no es absoluta ni arbitraria; está regulada por normas internacionales que buscan equilibrar la independencia de cada nación con la convivencia pacífica entre todas.
El principio de no intervención forma parte del derecho internacional público, que es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre Estados y otros sujetos internacionales. A diferencia del derecho interno, que organiza la vida jurídica dentro de un país, el derecho internacional establece reglas sobre cómo deben comportarse los Estados entre sí. Entre esas reglas, una de las más relevantes es la prohibición de intervenir en los asuntos internos o externos de otro Estado.
En términos sencillos, intervenir significa influir de manera indebida o coercitiva en decisiones que corresponden exclusivamente a otro país. Por ejemplo, imponer por la fuerza un determinado gobierno, financiar movimientos para alterar el orden constitucional de otro Estado, o ejercer presión militar para modificar decisiones soberanas. El derecho internacional moderno rechaza estas conductas porque generan conflictos, inestabilidad y vulneran la igualdad jurídica entre los Estados.
La igualdad jurídica es un concepto fundamental. Significa que, sin importar el tamaño territorial, la población o la potencia económica, todos los Estados son jurídicamente iguales ante el derecho internacional. México, por tanto, tiene la misma dignidad jurídica que cualquier otra nación. Esa igualdad impide que un Estado se arrogue facultades de tutela o superioridad sobre otro.
La soberanía, en este contexto, puede entenderse como la autoridad suprema que un Estado ejerce dentro de su territorio y su independencia frente a otros Estados. En el ámbito interno, implica que el poder público emana de su propio orden constitucional; en el ámbito externo, significa que ninguna autoridad extranjera puede ejercer poder dentro del territorio nacional sin consentimiento.
El fundamento constitucional mexicano de este principio se encuentra en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece los principios normativos que deben guiar la política exterior del país. Entre ellos se encuentran la autodeterminación de los pueblos y la no intervención. Estos no son simples lineamientos políticos: constituyen mandatos constitucionales obligatorios para el Ejecutivo Federal en la conducción de las relaciones internacionales.
La autodeterminación de los pueblos complementa el principio de no intervención. Este concepto reconoce que los pueblos tienen el derecho de decidir libremente su condición política y de procurar su desarrollo económico, social y cultural. No se trata únicamente de independencia formal, sino de la facultad de elegir sin imposiciones externas el rumbo colectivo.
Históricamente, el principio de no intervención se consolidó tras periodos marcados por intervenciones militares, colonialismo y conflictos internacionales. Durante los siglos XIX y principios del XX, las potencias intervinieron en múltiples ocasiones en territorios de América Latina, Asia y África, justificando sus acciones en razones económicas, políticas o de protección de intereses. Estas experiencias generaron una reacción normativa que buscó establecer reglas claras para evitar la repetición de esas prácticas.
En el ámbito internacional, la Carta de las Naciones Unidas, adoptada en 1945, consagra la prohibición del uso de la fuerza y el respeto a la soberanía de los Estados. Aunque la Carta reconoce excepciones muy específicas, como la legítima defensa o las acciones autorizadas por el Consejo de Seguridad para mantener la paz y la seguridad internacionales, la regla general es la no intervención.
En América Latina, el principio adquirió una relevancia especial. La región vivió múltiples experiencias de injerencia externa durante el siglo XIX y buena parte del XX. En respuesta, se desarrollaron doctrinas diplomáticas que reforzaron la defensa de la soberanía y la no intervención. México, por ejemplo, sostuvo históricamente una política exterior basada en el respeto a la autodeterminación, consolidando una tradición diplomática que privilegia la solución pacífica de controversias.
En el contexto latinoamericano, el principio de no intervención ha sido reiterado en diversos instrumentos regionales que promueven la convivencia pacífica y el respeto mutuo entre Estados. Esta visión regional ha contribuido a fortalecer una identidad diplomática basada en la defensa del derecho internacional como herramienta de equilibrio frente a asimetrías de poder.
Ahora bien, es importante comprender que la no intervención no significa aislamiento ni indiferencia ante lo que ocurre en otros países. Tampoco implica que un Estado no pueda expresar opiniones o participar en foros internacionales donde se discutan temas de interés común. La diferencia radica en el uso de la coerción o de mecanismos que vulneren la soberanía de otro Estado.
Por ejemplo hipotético, si un país decide modificar su sistema electoral conforme a su Constitución, ningún otro Estado puede imponerle un modelo distinto mediante amenazas económicas o militares. Sin embargo, sí puede existir diálogo diplomático, cooperación técnica o intercambio de experiencias, siempre que se respete la voluntad soberana del Estado receptor.
En el plano práctico, el principio de no intervención también protege el territorio nacional frente a acciones unilaterales extranjeras. El territorio no es únicamente una extensión geográfica; es el espacio donde el Estado ejerce su jurisdicción. Cualquier acción extranjera que pretenda ejercer autoridad dentro del territorio mexicano sin consentimiento vulneraría directamente la soberanía.
La protección del territorio incluye aspectos terrestres, marítimos y aéreos. En el ámbito marítimo, por ejemplo, el derecho internacional del mar reconoce zonas específicas donde el Estado ejerce distintos grados de jurisdicción. En todos los casos, la intervención sin autorización constituiría una violación del orden jurídico internacional.
El principio pro persona, consagrado en el artículo 1° constitucional mexicano, también tiene relevancia indirecta en este contexto. Aunque se orienta principalmente a la protección de los derechos humanos, refuerza la idea de que las autoridades deben interpretar y aplicar las normas favoreciendo en todo momento la protección más amplia de las personas. En el ámbito internacional, ello implica que la política exterior debe armonizar el respeto a la soberanía con la promoción y protección de los derechos humanos, sin contradecir los principios constitucionales.
Aquí surge uno de los retos contemporáneos más complejos: cómo equilibrar la no intervención con la protección internacional de los derechos humanos. El derecho internacional ha evolucionado para reconocer que ciertas violaciones graves pueden activar mecanismos multilaterales. Sin embargo, estos mecanismos deben operar dentro de los marcos jurídicos establecidos y no como decisiones unilaterales arbitrarias.
En México, la conducción de la política exterior corresponde al Ejecutivo Federal, pero el Senado tiene facultades de análisis y aprobación en determinados supuestos, como la ratificación de tratados internacionales. Esto introduce un sistema de pesos y contrapesos que fortalece la legitimidad democrática de las decisiones en materia internacional.
En la práctica cotidiana, el principio de no intervención puede observarse en la forma en que México participa en organismos internacionales, mantiene relaciones diplomáticas y aborda situaciones de conflicto en otras regiones del mundo. La postura general ha sido privilegiar el diálogo, la mediación y las soluciones pacíficas.
Desde una perspectiva estratégica, comprender este principio resulta fundamental para empresas, organizaciones y ciudadanos. Las decisiones de política exterior influyen en tratados comerciales, acuerdos de cooperación y marcos regulatorios que impactan directamente en la actividad económica y social. La estabilidad derivada del respeto a la soberanía favorece un entorno predecible para la inversión y el desarrollo.
Existen también límites claros. La soberanía no puede utilizarse como pretexto para desconocer obligaciones internacionales libremente asumidas mediante tratados. Cuando un Estado firma y ratifica un tratado, acepta voluntariamente ciertas obligaciones. Cumplirlas no constituye intervención extranjera, sino respeto al principio de buena fe en el derecho internacional.
Un ejemplo hipotético permite ilustrarlo: si México celebra un tratado comercial que establece reglas específicas para el intercambio de bienes, cumplir esas reglas no significa ceder soberanía, sino ejercerla responsablemente. La soberanía incluye la facultad de comprometerse internacionalmente.
Otro reto actual es el entorno digital y tecnológico. La intervención ya no se limita a acciones militares; puede manifestarse en ciberataques, desinformación o injerencia en procesos democráticos. Estos fenómenos plantean desafíos jurídicos complejos que requieren cooperación internacional sin renunciar al principio de no intervención.
El principio de no intervención sigue siendo un elemento esencial para la paz y la estabilidad internacional. Su vigencia no depende de coyunturas políticas, sino de la necesidad permanente de garantizar que las relaciones entre Estados se desarrollen bajo reglas claras y previsibles.
México, como Estado soberano, ejerce su independencia dentro del marco del derecho internacional, no al margen de él. La frase “nadie puede intervenir en su territorio” sintetiza una construcción jurídica que combina soberanía, igualdad jurídica, autodeterminación y respeto mutuo.
La defensa de este principio no implica confrontación, sino afirmación jurídica. Implica reconocer que la cooperación internacional solo es legítima cuando se basa en el consentimiento, el respeto y el cumplimiento de las normas internacionales.
En un mundo interconectado, donde los desafíos globales requieren respuestas coordinadas, la no intervención continúa siendo un referente indispensable. Permite que cada nación participe en la comunidad internacional desde su propia identidad constitucional, sin imposiciones externas.
La soberanía mexicana no es un concepto abstracto; es una realidad jurídica que protege la integridad territorial, la independencia política y la capacidad de decidir el propio destino. El principio de no intervención y la autodeterminación de los pueblos constituyen herramientas normativas que sostienen esa realidad.
En Ocampo Sáenz Abogados se comprende que el análisis jurídico serio exige claridad conceptual y rigor técnico. La defensa del orden constitucional y el entendimiento estratégico del derecho internacional son elementos fundamentales para quienes buscan seguridad jurídica en un entorno global complejo. La experiencia y el enfoque técnico permiten abordar con solidez los desafíos que surgen en la interacción entre el derecho interno y el derecho internacional.
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