Hablar de la importancia de escuchar a menores en juicios familiares es hablar de uno de los cambios más profundos y necesarios en la forma en que el derecho concibe la infancia. Durante mucho tiempo, niñas, niños y adolescentes fueron considerados objetos de protección, pero no sujetos plenos de derechos. Se decidía por ellos, sobre ellos y sin ellos, bajo la idea de que el mundo adulto siempre sabía qué era lo mejor.
Esa visión ha cambiado de manera sustancial. Hoy, escuchar a los menores no es un gesto de cortesía ni una concesión emocional; es una obligación jurídica, ética y social. Su voz tiene valor propio y debe ser tomada en cuenta en todas las decisiones que afecten su vida, especialmente en los juicios familiares, donde se definen cuestiones tan sensibles como la custodia, la convivencia, la patria potestad o la protección frente a situaciones de violencia.
La familia, aunque suele concebirse como un espacio de cuidado, también puede convertirse en un escenario de conflicto. Cuando estos conflictos llegan a los tribunales, el impacto en los menores es inevitable. Ignorar su voz en estos procesos no solo vulnera sus derechos, sino que puede generar decisiones desconectadas de su realidad emocional, social y psicológica.
Desde una perspectiva histórica, el derecho familiar se construyó bajo un modelo adultocéntrico. Las decisiones judiciales giraban en torno a la autoridad parental y al interés de los adultos, mientras que los menores eran vistos como receptores pasivos de dichas decisiones. Esta lógica empezó a ser cuestionada cuando se reconoció que los menores tienen una experiencia propia del conflicto y una capacidad progresiva para expresar sus opiniones.
A nivel mundial, el reconocimiento del derecho de niñas, niños y adolescentes a ser escuchados se consolidó como un principio fundamental de los derechos humanos. No se trata de imponerles responsabilidades adultas, sino de reconocer que su percepción de los hechos es relevante para comprender el contexto familiar y tomar decisiones más justas.
En América Latina, este cambio ha sido particularmente significativo. La región arrastra una historia de relaciones familiares jerárquicas, donde la palabra del adulto tenía un peso absoluto. Incorporar la voz de los menores en los procesos judiciales implicó romper con patrones culturales profundamente arraigados y replantear la función del juez familiar.
México forma parte de esta transformación. El marco constitucional y legal reconoce el interés superior de la niñez como principio rector en todas las decisiones que les afecten. Este principio no puede entenderse de manera abstracta; exige escuchar, comprender y valorar la opinión del menor conforme a su edad, madurez y circunstancias.
Escuchar a un menor en un juicio familiar no significa trasladarle la carga de la decisión. El error más común es pensar que oír su opinión equivale a dejar que “decida”. En realidad, la escucha es una herramienta para conocer su entorno, sus emociones, sus temores y sus vínculos, elementos indispensables para una resolución adecuada.
Desde el punto de vista psicológico, la participación de los menores en los procesos que les afectan tiene efectos positivos cuando se realiza de forma adecuada. Ser escuchados les permite sentirse reconocidos, disminuir la sensación de indefensión y comprender que su experiencia importa. Por el contrario, excluirlos puede generar ansiedad, culpa y confusión.
Uno de los mayores riesgos en los juicios familiares es que las decisiones se tomen únicamente desde narrativas adultas en conflicto. Cada parte presenta su versión, sus intereses y sus estrategias legales. Sin la voz del menor, el proceso corre el riesgo de convertirse en una disputa donde el niño o la niña queda reducido a un objeto del litigio.
El derecho contemporáneo reconoce que los menores no son una extensión de los padres ni instrumentos del conflicto. Son personas en desarrollo, con derechos propios, cuya protección exige una mirada especializada y sensible. Escucharlos es una forma de garantizar que el proceso judicial no se convierta en una nueva fuente de daño.
En los juicios de custodia, por ejemplo, la opinión del menor puede ofrecer información clave sobre su dinámica cotidiana, sus rutinas, su vínculo con cada progenitor y su percepción de seguridad. Ignorar estos elementos puede derivar en resoluciones que, aunque legalmente correctas en apariencia, resulten perjudiciales en la práctica.
La escucha de menores también es fundamental en contextos de violencia familiar. Muchas veces, son ellos quienes presencian o viven directamente situaciones de violencia que los adultos minimizan o niegan. Su testimonio, abordado con las debidas salvaguardas, puede ser determinante para activar medidas de protección oportunas.
Desde una perspectiva jurídica, escuchar a los menores no es una opción discrecional del juzgador. Es una obligación que deriva de normas constitucionales, tratados internacionales y leyes secundarias. El incumplimiento de esta obligación puede traducirse en decisiones vulnerables a impugnación.
El desafío no radica solo en escuchar, sino en cómo se escucha. No cualquier forma de entrevista es adecuada. La revictimización, la presión indebida o las preguntas inadecuadas pueden causar más daño que beneficio. Por ello, la escucha debe realizarse en entornos seguros, con personal capacitado y técnicas apropiadas.
El papel del juez familiar ha evolucionado. Ya no es únicamente un aplicador de normas, sino un garante activo de derechos. Esto implica comprender el desarrollo infantil, coordinarse con especialistas y valorar la opinión del menor dentro del conjunto probatorio, sin sobredimensionarla ni ignorarla.
Escuchar a los menores también contribuye a la legitimidad de las resoluciones judiciales. Cuando los niños y adolescentes perciben que fueron tomados en cuenta, es más probable que comprendan y acepten las decisiones, incluso cuando estas no coinciden plenamente con sus deseos.
Desde el ámbito social, promover la escucha de los menores en juicios familiares envía un mensaje claro: su voz importa. Este mensaje tiene un efecto pedagógico que trasciende el proceso judicial y fortalece una cultura de respeto a los derechos de la infancia.
La importancia de escuchar a los menores no se limita al momento del juicio. Debe extenderse a todo el proceso, desde las primeras actuaciones hasta la ejecución de las resoluciones. La participación infantil no es un acto aislado, sino un enfoque permanente.
En México, aunque existen avances normativos, la práctica aún enfrenta retos. La falta de capacitación, la sobrecarga de trabajo en juzgados y la persistencia de visiones adultocéntricas dificultan la aplicación plena de este principio. Superar estos obstáculos es una tarea urgente.
Escuchar a los menores no debilita la autoridad parental ni judicial; la fortalece. Decidir con información completa, humana y contextualizada es una muestra de justicia responsable. El derecho familiar pierde sentido cuando se desconecta de la realidad emocional de quienes más lo necesitan.
Hablar de la importancia de escuchar a menores en juicios familiares es, en el fondo, hablar de justicia con rostro humano. Es reconocer que la infancia no es un tránsito silencioso, sino una etapa con voz propia que merece ser respetada.
El estado actual de la escucha de menores en los juicios familiares en México refleja una etapa de transición. Existe un reconocimiento normativo claro de este derecho, pero su aplicación práctica aún enfrenta resistencias estructurales, culturales y operativas. En muchos casos, la escucha se reduce a un trámite formal, perdiendo su sentido profundo como herramienta de protección y comprensión.
Uno de los principales problemas es la interpretación errónea del derecho a ser escuchado. Algunas autoridades consideran que basta con una entrevista superficial o una referencia indirecta en el expediente para cumplir con la obligación legal. Sin embargo, escuchar implica mucho más que registrar palabras: exige comprender el contexto, valorar la madurez del menor y analizar su opinión dentro del conjunto de elementos del caso.
Cuando los menores no son escuchados de manera adecuada, las consecuencias pueden ser graves. Decisiones judiciales que ignoran su realidad cotidiana pueden colocarlos en entornos inseguros, generar rupturas afectivas innecesarias o prolongar situaciones de conflicto que afectan su desarrollo emocional. La omisión de la escucha no es neutral; tiene efectos concretos en la vida de los menores.
Desde el punto de vista jurídico, no escuchar a un menor puede constituir una violación directa a sus derechos humanos. Las resoluciones dictadas sin cumplir con este principio son susceptibles de impugnación y pueden ser consideradas contrarias al interés superior de la niñez. Esto demuestra que la escucha no es solo una buena práctica, sino un requisito de validez de las decisiones.
La práctica judicial muestra que escuchar a los menores exige condiciones específicas. No puede hacerse en espacios intimidantes ni mediante interrogatorios rígidos. El lenguaje debe ser claro, adecuado a su edad y libre de juicios. La presencia de especialistas en psicología infantil suele ser determinante para garantizar una escucha efectiva y no revictimizante.
El papel de los abogados en este proceso es fundamental. Quienes representan a las partes tienen la responsabilidad de promover el respeto a la voz del menor, evitando utilizarla como herramienta de confrontación. Instrumentalizar la opinión de un niño para ganar un juicio no solo es éticamente reprochable, sino jurídicamente riesgoso.
El juez familiar, por su parte, debe actuar como garante activo. Esto implica crear las condiciones para que el menor pueda expresarse libremente, sin presiones directas o indirectas. La imparcialidad judicial también se manifiesta en la capacidad de escuchar con apertura y sensibilidad.
La escucha de menores no significa que su opinión sea determinante en todos los casos. El derecho reconoce que existen límites derivados de su edad, grado de madurez y posibles influencias externas. Sin embargo, estos límites no justifican la exclusión, sino una valoración cuidadosa y responsable.
En los procesos de guarda y custodia, la opinión del menor puede revelar dinámicas familiares invisibles para los adultos. Rutinas, vínculos afectivos, miedos y preferencias son elementos que difícilmente se reflejan en documentos o testimonios de terceros. Escuchar permite acercarse a la realidad vivida, no solo a la narrada.
En casos de alienación parental o conflictos altamente judicializados, la escucha adquiere un papel aún más delicado. El riesgo de manipulación existe, pero no debe utilizarse como pretexto para silenciar. Por el contrario, exige mayor cuidado metodológico y profesional.
La dimensión emocional de la escucha no puede separarse de su dimensión jurídica. Un menor que se siente escuchado experimenta mayor seguridad y confianza en el sistema. Esta percepción tiene efectos positivos en su bienestar y en la aceptación de las resoluciones judiciales.
Desde una perspectiva comparada, los sistemas de justicia más avanzados han incorporado protocolos claros para la escucha de menores. Estos protocolos establecen criterios, espacios y tiempos adecuados, reduciendo la improvisación y garantizando estándares mínimos de calidad.
México ha avanzado en este sentido, pero la implementación es desigual. Existen juzgados con prácticas ejemplares y otros donde la escucha sigue siendo excepcional. Esta disparidad genera desigualdad en el acceso a la justicia, dependiendo del lugar y de las personas que intervienen.
La capacitación continua es una necesidad impostergable. Jueces, secretarios, defensores y peritos deben comprender que la infancia no es un concepto abstracto, sino una realidad diversa. Cada menor es distinto y requiere una aproximación individualizada.
El entorno familiar también influye en la efectividad de la escucha. Cuando los adultos respetan el derecho del menor a expresarse, el proceso fluye con mayor naturalidad. Cuando existe presión, miedo o lealtades forzadas, la escucha se vuelve más compleja, pero no menos necesaria.
La escucha de menores es, además, una herramienta preventiva. Permite detectar situaciones de riesgo antes de que se agraven. Violencia, negligencia, abuso emocional o físico pueden salir a la luz cuando se brinda un espacio seguro para la expresión.
Desde una perspectiva social, escuchar a los menores en juicios familiares envía un mensaje poderoso: la infancia importa. Este mensaje contribuye a transformar la cultura jurídica y social, promoviendo relaciones más respetuosas y equitativas.
El derecho familiar contemporáneo no puede entenderse sin la participación activa de los menores. Su voz no sustituye la función judicial, pero la complementa y enriquece. Decidir sin escuchar es decidir a ciegas.
La importancia de escuchar a los menores radica, en última instancia, en el reconocimiento de su dignidad. No son objetos del proceso ni premios del conflicto; son personas en desarrollo, con derechos, emociones y experiencias que merecen respeto.
Hablar de este tema es hablar del futuro. Las decisiones que hoy se tomen en los juzgados familiares impactarán la vida adulta de quienes hoy son menores. Escuchar es una forma de sembrar justicia a largo plazo.
En Ocampo Sáenz Abogados comprendemos que los juicios familiares requieren una mirada sensible, técnica y profundamente humana. Acompañamos procesos donde la voz de niñas, niños y adolescentes es respetada y protegida, convencidos de que la justicia verdadera comienza cuando se escucha a quienes más lo necesitan. Confiar en nuestra firma es confiar en una defensa jurídica comprometida con los derechos de la infancia.
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