El Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es uno de los pilares más relevantes del sistema económico y social del país. Define el papel rector del Estado en la economía, su responsabilidad en la planeación del desarrollo nacional y su obligación de garantizar que ese desarrollo sea integral, incluyente y sustentable.
Este artículo es la base constitucional de la política económica mexicana, pues marca la ruta de cómo deben interactuar los sectores público, privado y social para alcanzar los objetivos de justicia, equidad y crecimiento que beneficien a toda la población.
A través de su contenido, el Artículo 25 busca equilibrar dos fuerzas esenciales:
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El libre mercado, como motor de productividad y competencia.
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Y la intervención del Estado, como garante de la equidad, estabilidad y justicia social.
Origen histórico y contexto de creación
Para entender el sentido del Artículo 25, es necesario recordar las condiciones políticas, sociales y económicas que dieron origen a su redacción.
Tras la Revolución Mexicana, el país enfrentaba profundas desigualdades. Las riquezas estaban concentradas en unos pocos, mientras la mayoría vivía en condiciones precarias. La Constitución de 1917, pionera en el reconocimiento de derechos sociales, estableció las bases para una economía más justa.
Sin embargo, el Artículo 25 en su forma actual no existía en 1917. Fue producto de las reformas económicas de las décadas de 1970 y 1980, especialmente durante el gobierno de José López Portillo, cuando México vivía una crisis petrolera, una creciente deuda externa y un modelo económico centralizado.
En 1983, se incorporó formalmente el texto que conocemos hoy, que otorga al Estado la rectoría del desarrollo nacional, obligándolo a conducir la economía hacia el bienestar colectivo.
Contenido esencial del Artículo 25
El texto constitucional señala que:
“Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático, y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales…”
Además, establece la participación de tres sectores:
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Sector público.
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Sector privado.
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Sector social.
Cada uno tiene funciones específicas, pero deben coordinarse bajo la guía del Estado para lograr el desarrollo nacional.
La rectoría del Estado
El concepto de rectoría no significa control absoluto, sino dirección estratégica. El Estado tiene la facultad de:
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Planear el desarrollo económico del país.
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Regular la actividad de los particulares para evitar abusos.
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Fomentar la competitividad y la equidad.
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Impulsar políticas públicas de bienestar.
El objetivo es garantizar que la economía sirva a la sociedad, y no al revés.
Desarrollo integral y sustentable
El artículo exige que el desarrollo nacional sea integral —es decir, que abarque todos los ámbitos: económico, social, político, cultural y ambiental— y sustentable, lo que implica cuidar los recursos naturales para las futuras generaciones.
Esto se traduce en una visión moderna del desarrollo, donde el crecimiento económico no debe lograrse a costa del medio ambiente ni de la dignidad humana.
Participación de los sectores productivos
El Artículo 25 reconoce tres sectores fundamentales:
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El sector público, encargado de áreas estratégicas como energía, telecomunicaciones, ferrocarriles, defensa y soberanía nacional.
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El sector privado, motor de la inversión, la innovación y la generación de empleo.
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El sector social, integrado por cooperativas, comunidades agrarias, ejidos y organizaciones civiles.
Cada sector contribuye al desarrollo económico, pero el Estado debe garantizar que su participación no genere desigualdades.
Planeación democrática del desarrollo
Este principio se materializa en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, cuyo instrumento más importante es el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
El PND, que cada presidente presenta al inicio de su mandato, fija los objetivos y estrategias para orientar las políticas públicas. Ejemplos:
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En el sexenio de Lázaro Cárdenas, la planeación se centró en la reforma agraria.
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En el de Carlos Salinas, en la modernización y apertura económica.
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En los últimos años, en el desarrollo social, la reducción de la pobreza y la equidad.
El papel del Estado en la economía mexicana
El Artículo 25 define que el Estado no es un simple espectador, sino un actor económico. Interviene para corregir fallas del mercado, redistribuir la riqueza y garantizar que el crecimiento beneficie a todos.
Ejemplos concretos:
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Política fiscal: mediante impuestos progresivos.
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Política monetaria: para controlar la inflación.
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Programas sociales: como Prospera, Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro.
Contexto mundial
A nivel global, el papel del Estado en la economía ha evolucionado.
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En el siglo XIX, predominó el liberalismo económico, con mínima intervención estatal.
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Tras la Gran Depresión (1929), surgió el keynesianismo, que promovió la inversión pública.
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En la era contemporánea, los modelos mixtos —como el mexicano— buscan equilibrar libertad económica y justicia social.
México, con el Artículo 25, se alinea con las tendencias internacionales que ven al Estado como rector y garante del equilibrio social.
Contexto latinoamericano
En América Latina, muchos países comparten la idea de un Estado con responsabilidad social.
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Brasil: promueve el desarrollo mediante programas de redistribución.
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Chile: combina libre mercado con políticas de bienestar.
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Argentina: da prioridad a la producción nacional.
México, con su modelo constitucional, busca un equilibrio similar, aunque enfrenta desafíos derivados de la desigualdad y la concentración económica.
El concepto de bienestar social
El Artículo 25 no se limita a hablar de economía: su fin último es el bienestar social.
Esto incluye:
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Educación accesible.
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Empleo digno.
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Vivienda adecuada.
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Seguridad social.
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Igualdad de oportunidades.
Es decir, el desarrollo económico no tiene sentido si no se traduce en mejores condiciones de vida para las personas.
Políticas públicas derivadas del Artículo 25
Entre las políticas más importantes inspiradas en este artículo están:
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La planeación económica sexenal.
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La inversión en infraestructura pública.
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El fortalecimiento del sector energético nacional.
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El combate a la pobreza mediante programas sociales.
Estas acciones se sustentan en la obligación del Estado de garantizar el desarrollo integral.
Ejemplo práctico: energía y soberanía
El sector energético es un claro ejemplo del espíritu del Artículo 25.
La rectoría del Estado sobre los recursos estratégicos —como el petróleo y la electricidad— tiene como fin proteger la soberanía nacional.
Las reformas energéticas, tanto la de 2013 como la de 2021, han sido debates sobre el alcance de esta rectoría y la participación del sector privado.
La dimensión ambiental del desarrollo
El desarrollo sustentable, consagrado en este artículo, implica que la economía no puede avanzar destruyendo el entorno.
Hoy, las políticas públicas deben considerar el cambio climático, la transición energética y la protección de la biodiversidad como elementos centrales de la planeación económica.
Jurisprudencia y criterios judiciales
La Suprema Corte ha establecido que la rectoría del Estado no autoriza el control absoluto, sino una coordinación equilibrada entre los sectores económico y social.
También ha reconocido que la planeación democrática debe ser participativa, es decir, incluir a ciudadanos y comunidades.
Retos actuales
Entre los desafíos contemporáneos se encuentran:
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Reducir la desigualdad económica.
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Fomentar la competencia sin monopolios.
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Garantizar el crecimiento con sustentabilidad ambiental.
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Hacer efectiva la participación ciudadana en la planeación del desarrollo.
El Artículo 25, más que una norma, es una guía para enfrentar estos desafíos con visión de justicia.
El Artículo 25 Constitucional es la piedra angular de la política económica mexicana. Representa la visión de un Estado responsable, comprometido con la justicia social, la equidad y el desarrollo sustentable.
Gracias a este artículo, el Estado mexicano no solo puede intervenir en la economía, sino que está obligado a hacerlo cuando el bienestar de la población lo exige.
En una época de cambios globales, esta norma reafirma que el progreso económico solo tiene sentido si mejora la vida de las personas y preserva los recursos para las generaciones futuras.
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