El Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es uno de los pilares más complejos y relevantes del sistema jurídico. Regula el ámbito de la seguridad pública, la persecución de delitos, la imposición de sanciones y el uso de la fuerza legítima por parte del Estado.
En este artículo convergen tres grandes esferas:
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La facultad exclusiva del Ministerio Público para investigar delitos, auxiliado por las policías.
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La función de la seguridad pública como responsabilidad conjunta de Federación, entidades federativas y municipios.
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La facultad de imponer sanciones administrativas por autoridades distintas de los jueces, siempre dentro de límites constitucionales.
Este artículo es especialmente importante porque delimita quién puede investigar, detener y sancionar, evitando abusos de poder y garantizando la legalidad de las actuaciones de las autoridades.
Origen histórico
En el México independiente, las funciones de seguridad y justicia estaban difusas: alcaldes, jueces y militares podían detener, juzgar y sancionar al mismo tiempo.
La Constitución de 1857 estableció bases más claras, aunque el Ministerio Público aún no existía como institución autónoma.
Fue con la Constitución de 1917 cuando el Artículo 21 se consolidó, asignando al Ministerio Público la facultad exclusiva de perseguir delitos y separando las funciones judiciales de las administrativas.
Las reformas posteriores —especialmente la de 2008 (juicios orales) y la de 2019 (Guardia Nacional)— transformaron profundamente su alcance.
Texto vigente del Artículo 21
Algunos de los puntos más importantes que establece el artículo son:
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La investigación de delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actúan bajo la conducción y mando de aquel.
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La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, coordinadas bajo el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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La Guardia Nacional depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
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Solo los jueces pueden imponer penas privativas de libertad.
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Las autoridades administrativas pueden imponer sanciones menores (multas, arrestos hasta 36 horas).
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El Congreso debe expedir leyes que regulen el uso de la fuerza y la organización de instituciones de seguridad.
Facultades del Ministerio Público
El Artículo 21 deja claro que el Ministerio Público (MP) es el único con facultades para:
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Dirigir la investigación de delitos.
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Coordinar a las policías.
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Presentar cargos ante los jueces.
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Proteger los derechos de víctimas y ofendidos.
Este diseño busca evitar que la persecución penal quede en manos de policías sin control judicial, como ocurría en sistemas inquisitivos.
Seguridad pública y coordinación
La seguridad pública se concibe como una responsabilidad compartida:
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La Federación atiende delitos de orden federal (narcotráfico, delincuencia organizada, armas de fuego, etc.).
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Los estados y municipios se encargan de delitos del fuero común (robo, homicidio simple, lesiones, etc.).
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Todos actúan bajo el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que fija bases de coordinación, estándares y certificación de cuerpos policiacos.
Sanciones administrativas
El artículo también regula que las autoridades administrativas pueden imponer sanciones menores por infracciones, siempre con respeto a garantías.
Ejemplo:
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Multas de tránsito.
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Clausura de establecimientos.
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Arresto administrativo hasta por 36 horas.
Pero solo los jueces pueden imponer penas que impliquen privación de la libertad.
Jurisprudencia relevante
La SCJN ha emitido criterios que fortalecen este artículo:
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Acción de inconstitucionalidad 6/2018: declaró que la prisión preventiva solo puede ser ordenada por jueces.
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Contradicción de tesis 91/2019: estableció que el uso de la fuerza debe ser proporcional y regulado.
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Tesis aislada 27/2016: reiteró que las sanciones administrativas deben ser impugnables ante tribunales.
Ejemplos prácticos
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Investigación de delitos: si ocurre un homicidio, la policía investiga, pero siempre bajo mando del Ministerio Público.
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Seguridad pública: un robo en una tienda es atendido por la policía municipal; un delito de narcotráfico, por la Guardia Nacional o la Fiscalía General de la República.
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Sanción administrativa: un conductor ebrio puede recibir arresto de 36 horas como sanción administrativa, pero si causa un homicidio, será procesado penalmente.
Importancia en la vida cotidiana
El Artículo 21 tiene efectos directos en la vida diaria:
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Establece quién puede detener e investigar.
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Evita abusos de policías sin control judicial.
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Regula sanciones administrativas como multas o clausuras.
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Define responsabilidades en seguridad pública entre municipio, estado y federación.
Contexto mundial
El Artículo 21 se conecta con modelos internacionales:
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ONU (Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley): exige que las policías actúen bajo control legal.
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Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 7): regula detenciones y sanciones con debido proceso.
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Europa: la investigación penal siempre está a cargo de fiscales o ministerios públicos, no de la policía autónoma.
Contexto latinoamericano
En América Latina, muchos países han enfrentado el reto de equilibrar la seguridad con los derechos humanos.
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Chile y Colombia: fortalecieron el papel de las fiscalías en la persecución penal.
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Argentina: mantiene una fuerte coordinación entre provincias y nación en seguridad.
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México: ha innovado con el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la creación de la Guardia Nacional, aunque sigue enfrentando desafíos en profesionalización policial y confianza ciudadana.
Estado actual en México
Hoy en día, el Artículo 21 se aplica en un contexto complejo:
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Guardia Nacional: polémica sobre su carácter civil o militar.
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Crisis de seguridad: violencia de grupos criminales desafía la coordinación entre niveles de gobierno.
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Déficit de confianza en policías y Ministerios Públicos.
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Abuso de sanciones administrativas: algunas autoridades las usan con fines recaudatorios o políticos.
Aun así, el artículo es clave para garantizar que la seguridad pública opere bajo principios de legalidad, control judicial y respeto a los derechos humanos.
El Artículo 21 constitucional representa un equilibrio entre la seguridad pública y las libertades individuales. Su correcta aplicación evita abusos de poder y fortalece el Estado de derecho.
La investigación penal bajo mando del Ministerio Público, la coordinación en seguridad pública y la regulación de sanciones administrativas son elementos que hacen de este artículo una pieza fundamental en la vida democrática de México.
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