En el corazón del sistema democrático mexicano, el Artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos resguarda dos pilares esenciales de toda sociedad libre: la libertad de expresión y el derecho a la información. Estos derechos fundamentales no solo garantizan que cada ciudadano pueda manifestar libremente sus ideas, opiniones y creencias, sino que también establecen la transparencia, el acceso a datos públicos y la rendición de cuentas como bases inquebrantables del ejercicio del poder público.
A lo largo del tiempo, el contenido, interpretación y aplicación del Artículo 6º han evolucionado de forma significativa para adaptarse a los desafíos tecnológicos, políticos y sociales contemporáneos. En esta publicación, exploraremos a fondo el origen histórico de este precepto, su desarrollo normativo, su comparación con estándares internacionales, su impacto en el contexto latinoamericano, así como su relevancia en el México actual.
El origen del derecho a la libertad de expresión en la historia constitucional mexicana
Desde la Constitución de 1824 hasta la de 1917, la libertad de expresión ha estado presente como un valor aspiracional que ha moldeado la construcción del Estado mexicano. Sin embargo, fue en la Constitución de 1917 cuando se estableció un marco más sólido que, con el paso de las décadas, ha sido objeto de reformas fundamentales.
Durante el siglo XX, la libertad de prensa y de manifestación enfrentó constantes tensiones con el autoritarismo, la censura y el control informativo de los poderes del Estado. Casos como el movimiento estudiantil de 1968 y las reformas políticas de los años 70 y 90, marcaron momentos decisivos en la exigencia de una apertura democrática real, donde la libertad de expresión no fuera mera retórica, sino una garantía efectiva.
Evolución constitucional del Artículo 6º
El texto original del Artículo 6º era mucho más breve y se limitaba a declarar la libertad de expresión como derecho. Fue hasta las reformas de 2007 y, más profundamente, en 2014, que se integraron elementos esenciales:
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La prohibición de la censura previa.
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La protección del derecho de réplica.
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La obligación del Estado de garantizar el acceso a la información pública.
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La creación de organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
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El reconocimiento del acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como una vía para ejercer estos derechos.
Estas reformas convirtieron al Artículo 6º en una de las herramientas constitucionales más completas de América Latina para la protección del derecho a saber y a ser escuchado.
El derecho a la libertad de expresión como base de la democracia
La libertad de expresión es el cimiento sobre el cual se edifica la vida democrática. Sin ella, no hay participación ciudadana informada, no hay control del poder y, por tanto, no puede hablarse de democracia genuina. Esta libertad permite denunciar injusticias, defender ideas contrarias al gobierno en turno y promover un diálogo plural que enriquezca la vida pública.
En México, este derecho no es absoluto. Está limitado por el respeto a los derechos de terceros, la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral pública. Es decir, no se protege el discurso de odio, la apología del delito, ni las injurias. El equilibrio entre libertad y responsabilidad ha sido motivo de debates, sentencias judiciales y reformas legislativas.
Derecho a la información pública: una garantía para la rendición de cuentas
A partir de las reformas constitucionales en materia de transparencia, el Artículo 6º también reconoce el derecho de toda persona a acceder a la información en poder de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los tres poderes, partidos políticos, fideicomisos públicos y cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos.
Esto ha permitido el desarrollo de políticas públicas de transparencia, como los portales de obligaciones de transparencia, la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), y la posibilidad de realizar solicitudes formales de información que deben ser respondidas por las autoridades.
El acceso a la información ha contribuido a destapar escándalos de corrupción, mal uso de recursos, omisiones administrativas y violaciones de derechos humanos.
El papel del INAI: un organismo autónomo para proteger el derecho a saber
El INAI es uno de los pilares del sistema constitucional en la materia. Este organismo autónomo es responsable de garantizar que el derecho de acceso a la información sea respetado en todo el país. También tiene facultades para proteger los datos personales y vigilar que las autoridades cumplan con sus obligaciones de transparencia.
El INAI ha sido clave en casos emblemáticos como la publicación de los contratos de obras públicas, las investigaciones sobre desvío de recursos y el uso de fideicomisos. También promueve la cultura de la transparencia desde el nivel educativo básico hasta el profesional.
México en el contexto latinoamericano
A nivel latinoamericano, México es considerado un referente en materia de transparencia y libertad de expresión, aunque también enfrenta retos persistentes. Según organizaciones como ARTICLE 19 o Reporteros Sin Fronteras, México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Esto revela una contradicción entre el marco jurídico avanzado y la situación real en el terreno.
Mientras otros países han limitado el acceso a la información o han implementado leyes mordaza, México ha impulsado una legislación vanguardista. Sin embargo, la efectividad depende de que se garantice la seguridad de quienes ejercen la libertad de expresión y se fortalezcan las instituciones que resguardan estos derechos.
Comparación con estándares internacionales
El derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información pública está reconocido en tratados y organismos internacionales como:
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 19).
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El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
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La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).
México es parte de estos tratados, y ha incorporado su contenido a través del principio de bloque de constitucionalidad (reforma de 2011). Esto permite que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tengan aplicación vinculante en el país.
El contexto mexicano actual
En México, el ejercicio de la libertad de expresión está marcado por tres desafíos principales:
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La violencia contra periodistas: decenas de comunicadores han sido asesinados o desaparecidos en los últimos años. Muchos casos permanecen impunes.
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La desinformación y las noticias falsas: el auge de las redes sociales ha facilitado la difusión de información errónea que pone en riesgo la credibilidad institucional.
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La censura indirecta: algunas autoridades recurren a presiones económicas, publicitarias o judiciales para silenciar críticas.
Ante este panorama, el Artículo 6º no solo debe ser una norma escrita, sino un compromiso permanente del Estado y la sociedad para proteger el pluralismo, la crítica y el derecho a saber.
Aplicaciones del artículo en la vida cotidiana
La libertad de expresión y el acceso a la información benefician a todos los ciudadanos en múltiples formas:
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Un estudiante puede usar el derecho de acceso a la información para consultar presupuestos universitarios.
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Un periodista puede revelar actos de corrupción sin ser censurado.
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Un ciudadano puede exigir datos sobre obras públicas en su comunidad.
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Una organización puede pedir transparencia en el uso de recursos del erario.
Ejemplos prácticos
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Caso Florence Cassez: El acceso a grabaciones y documentos públicos fue clave en el debate jurídico y mediático.
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La Estafa Maestra: Gracias a la transparencia institucional y el periodismo de investigación, se revelaron mecanismos complejos de desvío de recursos públicos.
Herramientas de apoyo
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Plataforma Nacional de Transparencia (https://www.plataformadetransparencia.org.mx/).
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Sitio del INAI (https://home.inai.org.mx/).
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ARTICLE 19 México (https://articulo19.org/).
El Artículo 6º de la Constitución Mexicana representa una conquista histórica para las libertades civiles y los derechos humanos. Más que una declaración, es una herramienta viva para fortalecer la democracia, la justicia y la participación ciudadana.
Garantizar que todos tengan voz y que toda autoridad rinda cuentas no es solo un derecho, sino una necesidad urgente en cualquier sociedad que aspire a ser libre y justa.
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